La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien había estado encarcelada por más de 19 años tras ser acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
La decisión se tomó por mayoría de votos, respaldando el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En su argumentación, se señaló que se habían violado los derechos humanos de González Lomelí durante el proceso judicial, lo que llevó a cuestionar la validez de su confesión.
Como resultado, la SCJN declaró la nulidad de las declaraciones de la imputada y de las pruebas derivadas de estas, determinando que no existían evidencias suficientes para mantenerla en prisión. En consecuencia, se ordenó su “inmediata y absoluta libertad”.
Este fallo marca un hito importante en el caso, generando reacciones diversas en la opinión pública y entre los actores involucrados en el sistema de justicia. La liberación de González Lomelí plantea interrogantes sobre el proceso judicial y la protección de los derechos humanos en casos de alta complejidad.
