Ante el aumento de quejas por parte de ciudadanos, la Fuerza Interinstitucional Olmeca (FIRT) se encuentra en el centro de una polémica tras retirar cámaras de vigilancia de propiedades privadas, incluyendo casas, negocios y hasta iglesias. Sergio Antonio Reyes, integrante del Colegio de Abogados, advirtió que estas acciones podrían considerarse como robo con violencia y en pandilla.
El caso que ha desatado un intenso debate fue el retiro de cámaras en el templo evangélico Nueva Jerusalén. Autoridades locales afirmaron que dichos dispositivos pertenecen al crimen organizado, lo que generó una fuerte reacción por parte de la institución cristiana, que consideró estas afirmaciones como un ataque a su reputación.
En una entrevista, Reyes explicó que “los elementos de la FIRT Olmeca pueden retirar todo lo que esté en la vía pública, pero lo que esté en propiedad privada no. Es robo con violencia y en pandilla”. Además, hizo hincapié en que los ciudadanos afectados tienen derecho a presentar una demanda por allanamiento de propiedad en caso de que las cámaras sean retiradas sin autorización.
El abogado también sugirió que los ciudadanos pueden proteger sus equipos colocando las cámaras en áreas de difícil acceso, y subrayó la importancia de interponer denuncias ante las autoridades correspondientes, siempre acreditando la propiedad.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si algún ciudadano ha llevado a cabo este tipo de acciones legales, Reyes admitió no tener conocimiento de casos específicos, aunque alentó a todos los afectados a acercarse a las instancias pertinentes.
En un giro inesperado, este miércoles, directivos de La Nueva Jerusalén ofrecieron una disculpa pública a la FIRT durante una rueda de prensa. Aunque la iglesia presentó una queja formal contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se ha contemplado ninguna demanda ante la fiscalía local hasta el momento.
La situación continúa generando inquietud en la comunidad, que espera una pronta resolución que respete los derechos de los ciudadanos y garantice la seguridad pública sin vulnerar la propiedad privada.
