Esta mañana, Héctor Leonardo Pérez, representante de la Unión de Permisionarios de Grúas del Centro, alzó la voz para denunciar un alarmante incremento en el número de permisos otorgados a unidades que no cumplen con los requisitos establecidos para la atención a la ciudadanía. La agrupación, que en tres años ha pasado de 17 a 42 miembros, ha señalado que la mayoría de estas empresas operan únicamente con permisos, lo que genera un impacto negativo en los servicios prestados.
“Estamos aquí para hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad, bajo la dirección del químico Rafael Sánchez Cabrales. Nuestra empresa ha estado en el sector del transporte de grúas durante muchos años y hemos enfrentado serias afectaciones debido al exceso de empresas que operan en el Estado”, declaró Pérez.
El representante detalló que en el último trienio, el número de empresas se ha disparado de ocho a 42, muchas de las cuales no cumplen con las normativas técnicas requeridas. “La norma establece que debe haber un corralón y una grúa por municipio, sin embargo, hay empresas que cuentan con solo una o dos grúas y abarcan los 17 municipios, operando sin estar en conformidad con la ley”, agregó.
Pérez también denunció la irregularidad en la entrega de permisos durante la veda electoral, algo que está prohibido y que ha causado un perjuicio significativo a los prestadores de servicios. “Es inaceptable que se otorguen permisos en un periodo electoral. Esto ha afectado nuestra capacidad de operar de manera justa”, enfatizó.
Además, los miembros de la unión señalaron que las tarifas actuales para los servicios son obsoletas, ya que no han sido actualizadas desde julio de 2019. “Hemos enfrentado incrementos salariales, el aumento en el precio del combustible y gastos operativos que no se reflejan en las tarifas que cobramos”, argumentaron.
Según estudios realizados, se estima que el 70% de las empresas que operan en el ramo de grúas son irregulares. Ante esta situación, los afectados exigen a las autoridades locales que tomen medidas urgentes para regularizar el sector y asegurar que solo aquellas empresas que cumplan con los requisitos necesarios puedan prestar el servicio de grúas en el Estado.
